En las sociedades contemporáneas, la implantación progresiva e imparable de una pléyade de dispositivos cotidianos de control está alcanzando un punto en el que los umbrales de tolerancia a la intrusión así como las garantías reales de diversos derechos constitucionalmente establecidos han descendido a niveles alarmantes. En estas condiciones, parece evidente que las actuales democracias atraviesan una potente tensión entre los conceptos de libertad y seguridad que, de no hacer nada al respecto, puede terminar por corroerlas desde su interior.

Entre la población se está extendiendo la idea de que es preciso un rosario creciente de sacrificios de derechos y libertades en nombre de un nuevo derecho: el derecho a la seguridad. Ahora bien, la conceptualización de este tipo de derecho obliga a abrir un debate público sobre la noción de “seguridad” y sus usos políticos, no siempre destinados a proteger al ciudadano. Un debate que sin duda debe partir de una serie de preguntas incómodas como las siguientes: ¿Qué tipo de derecho es éste? ¿Qué o quiénes son los destinatarios del mismo? ¿En qué régimen jurídico y social se fundamenta, con qué premisas, con qué obligaciones y con qué garantías? ¿Es realmente la seguridad una necesidad y un objetivo prioritario de las agendas políticas? ¿O se trata, más bien, de que ciertas condiciones actuales de expansión del capital requieren unas determinadas formas de control de la población, orientadas a la gestión de una creciente desigualdad social y a
la represión de las manifestaciones públicas de malestar colectivo?

La actual predominancia y funcionalidad de lo que podríamos denominar “ideología de la seguridad” constituye el sustrato y el síntoma de un creciente déficit democrático, cuyo camino ha sido pavimentado durante décadas mediante doctrinas jurídicas y conceptos geopolíticos que fueron experimentados precisamente en regímenes autoritarios caracterizados por la suspensión de la legalidad. Junto a ello, desde la década de los años setenta diversos teóricos conservadores como Huntington han argumentado la inquietante idea de que un ejercicio intenso de democracia, como el que se da en una sociedad altamente escolarizada y movilizada políticamente, corre el riesgo de sobrecargar de demandas el sistema gubernamental. Según esta perspectiva un “exceso de democracia” resulta disfuncional para la gobernabilidad. Ahora bien, esta afirmación es cierta sólo para sociedades que tienden a la concentración de riqueza, la expansión de
la desigualdad social y la agudización del conflicto social, es decir, sociedades esencialmente antidemocráticas.

El resquebrajamiento de la capacidad de experiencia compartida, deterioro que constituye la herencia más tóxica del individualismo extremo que sustenta el neoliberalismo, conduce a la desmovilización sistemática de la población y a un alarmante conformismo. A pasos agigantados, parecemos estar perdiendo la capacidad colectiva de relación social, a favor de una movilización de carácter individualista y utilitario, ensimismada en la privacidad y reforzada por dinámicas sociales de temor.

El clamor por la reactivación de nuestra dimensión común convive actualmente con el proceso por el cual ésta viene siendo gradualmente despedazada en una miríada de espacios y tiempos gestionados a través de políticas del temor.

Presenta la charla: Antonio Fernández Montoya

Fecha: Jueves, 7 de noviembre, a las 20h.

Lugar: Biblioteca de Andalucía. C/ Profesor Sainz Cantero, 6

Organiza: Ateneo de Granada

Colaboran:

  • Biblioteca de Andalucía
  • Biblioteca Provincial de Granada