Recientemente la Comisión Europea ha creado un mecanismo de medición de la calidad de la democracia de los países miembros de la Unión Europea. Entre sus objetivos figura detectar, sancionar y reconducir leyes y prácticas políticas lesivas para el estado de derecho, limitadoras de la independencia del poder judicial. Cabe entonces preguntarse: llegado el momento de la primera evaluación europea, ¿España pasará esta prueba? ¿Es políticamente independiente el gobierno de la justicia en nuestro país?
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Después de siete años de crisis profunda, las medidas que siempre prometen acabar con el paro y el endeudamiento masivo no terminan de resolver los problemas económicos de España. La situación es más grave de lo que se afirma y las medidas convencionales fallan en un clima de corrupción que desmoviliza y frustra a la sociedad. Por eso es cada día más urgente pensar en fórmulas alternativas y en nuevas respuestas a la situación de nuestra economía.