¿Cómo es posible que se esté produciendo una desregulación de los sistemas de protección social (salud, educación, trabajo, servicios sociales, medio ambiente) sin tropezar con resistencias masivas que la impidan? ¿Cómo es posible que tengamos que volver a parapetarnos detrás de la línea roja de los “derechos humanos” que hoy vemos en franco retroceso?
Recientemente la Comisión Europea ha creado un mecanismo de medición de la calidad de la democracia de los países miembros de la Unión Europea. Entre sus objetivos figura detectar, sancionar y reconducir leyes y prácticas políticas lesivas para el estado de derecho, limitadoras de la independencia del poder judicial. Cabe entonces preguntarse: llegado el momento de la primera evaluación europea, ¿España pasará esta prueba? ¿Es políticamente independiente el gobierno de la justicia en nuestro país?
Después de siete años de crisis profunda, las medidas que siempre prometen acabar con el paro y el endeudamiento masivo no terminan de resolver los problemas económicos de España. La situación es más grave de lo que se afirma y las medidas convencionales fallan en un clima de corrupción que desmoviliza y frustra a la sociedad. Por eso es cada día más urgente pensar en fórmulas alternativas y en nuevas respuestas a la situación de nuestra economía.